Patrimonio ambiental y la mercantilización de lo inconmensurable, por Cristhián G. Palma Bobadilla

Nuestro patrimonio ambiental, está abiertamente expuesto a someterse a la mecánica del mercado, en la que los bienes al margen de su trascendencia, no se valorizan sino que se tranzan. El mercado no admite sujetarse a ningún criterio que no sea determinado por el propio ordenamiento económico. Rara vez, una norma económica sirve de sustento para la defensa patrimonial, sea de carácter comunitario o medioambiental.

Resumen

El lenguaje del hombre moderno se ha tornado iracundo, avasallador y ultrajante. En consecuencia, el sujeto de nuestra era cree tener un amplio margen de control selectivo sobre todo lo que le rodea. Se trata de un hombre capaz de apropiarse del entorno y categorizarlo con la finalidad de adaptarlo a sus necesidades. Las implicancias históricas y culturales de corrientes intelectuales como la señalada, particularmente en países de América Latina, han generado grietas profundas en su tejido social, en especial si consideramos que en nuestra región no existe una estructura participativa estática y uniforme, entre otras cosas, debido a que su composición territorial no está precedida de un cuerpo social homogéneo.

Introducción

Las ciudades del siglo XXI son sitios que muchos quisiéramos resistir. Su diseño está condicionado para recibir un sin número de barrios de uso mixto, donde convergen grandes edificaciones utilizadas para la vivienda, el comercio y la instalación de oficinas administrativas; otras cuantas construcciones que forman parte del casquete histórico y patrimonial de la ciudad; y discrecionalmente hallaremos una que otra área verde. En general (1), las urbes son espacios atestados de gente, ruido, contaminación y neuropatías.

Constituyen un ejemplo visible del daño colateral que el desarrollo y progreso humano ha dejado a su paso (véase cuadro 1).

Cuadro 1: Impacto promedio de una huella de carbono de un barrio mixto

Esa ruptura de la naturaleza, esta especie de sobrenaturaleza como la llamaba Ortega y Gasset, que son las ciudades con sus monumentos, son también manifestaciones claras de poder, ése que el hombre ejerce sobre el medio ambiente acondicionándolo a sus necesidades. La apropiación del espacio físico, mucho depende de la dimensión simbólica que se el asigne. Por esta razón, resulta preocupante la pérdida de vitalidad de nuestra cultura local, que se ha dejado arrastrar y envolver por una suerte de nudo gordiano que la tiene al borde de una absoluta crisis de sentido de pertenencia y arraigo comunitario.

En este sentido, es de trascendental importancia, advertir los riesgos que suscita el manejo indiscriminado sobre la circulación de bienes culturales. Basta con observar cómo ha influido la economía de mercado en la monopolización de la información (véase cuadro 2), y cómo este monopolio ha logrado manipular con sutileza –y a veces groseramente-, el contenido de cierta información con objeto de acentuar o desvirtuar la preponderancia que han de tener algunos acontecimientos sociales. En este sentido, comparto la óptica de la periodista argentina, Ana Fiol, quien sostiene: “esta estructura oligopólica, donde sólo unos pocos producen programas similares dentro de un mismo mercado, les ofrece la posibilidad de unirse y tornarse invulnerables ante presiones de otros grupos económicos, políticos y sociales (2).

Cuadro 2: Grupos económicos con mayor presencia en los medios de comunicación nacional

Sin lugar a dudas, este último aspecto es el que reviste mayor peligro, pues para influir la percepción colectiva sobre determinada realidad (dando o restando valor a situaciones o contextos específicos, desde afuera) es preciso desplegar un proceso de desarticulación sobre todo cuanto forma parte de su acervo identitario, lo que constituye una pérdida irreparable de sentido comunitario contribuyendo a la producción de subjetividades vacías o desarraigadas (3), dirigiendo la atención de la sociedad en cuestiones insustanciales o que deterioran su anclaje axiomático comunitario (4). Este proceso degenerativo amenaza con limitar poderosamente la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta, especialmente a nivel local. Pues ataca el núcleo esencial que precede a toda organización comunitaria, me refiero a la conciencia de saberse capaz de hacer frente común a situaciones o discursos totalitarios –pensamiento crítico-. Por ello, al legitimar y promover valores instrumentales como el individualismo, la pragmática, la eficiencia o el consumismo, se va desplazando progresivamente la dimensión simbólica y posesión física de nuestras comunidades locales, al punto de restringir su derecho a la libre determinación (5). Cuestión que repercute en el modo en que la sociedad se organiza para preservar y defender su patrimonio ambiental.

América Latina en la encrucijada ambiental

En América Latina una tendencia sobresaliente en la gestión ambiental, es la de generar discusiones interdisciplinarias en torno a problemas medio ambientales causados por desajustes ecológicos o la aplicación obsoleta de ciertos criterios institucionales que facilitan la ejecución de proyectos que puedan ocasionar daños irreparables a la biodiversidad del lugar. En particular, si consideramos que en países como el nuestro, se ha dado un inusual énfasis por la construcción de centrales hidroeléctricas (6), pese a que podemos encontrar una enorme variedad de recursos renovables para la generación de energía limpia, como son: la energía solar (térmica o de biomasa), la energía geotérmica, la energía eólica o la mareomotriz (véase cuadro 3 y 4).

Cuadro 3: Grafico de matriz energética de Chile (2007-2010)

Cuadro 4: Capacidad eléctrica instalada a julio 2006

El énfasis se acentúa en la mala calidad y abuso de la norma ambiental que por suerte busca modificarse. Este es un asunto del que muchos empresarios se sirven indiscriminadamente para la ejecución de sus proyectos. Esto responde al descrédito del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) (7), que lo ha transformado (reducido) en un instrumento de mitigación o reparación de los daños efectivamente causados y no en el medio que permita evitarlos.

Por otro lado, prevalece la idea de que cuesta diez veces más producir energía limpia que reparar los daños (8). Mientras esto siga siendo así, difícilmente se podrán reducir los costos en su implementación, dado que su alto precio responde también, a que se especula diez veces más sobre esta clase de energía que cualquier otra, y ello desincentiva notoriamente su producción, inversión y subvención (9).

Ahora bien, otro aspecto que cabe señalar de la mercantilización de bienes culturales y que amenaza precisamente la estabilidad del discurso de protección ambiental, es que el mercado presenta el debate medioambiental como un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de un nuevo tipo de demagogia y populismo político. Puede apreciarse también, que su elaboración sirve como estrategia comercial para fortalecer el crecimiento de la industria turística, lo que no es menor, si nos inquieta el hecho de que gracias al ecoturismo, se han podido discutir y ejercer buena parte de los “derechos ambientales”, esto habla del conflicto latente entre el desarrollo de la economía de mercado y el ejercicio de los derechos ciudadanos (relativos a la calidad de vida). Por cierto, el ejercicio de estos derechos ha estado subordinado al amparo del principio de emprendimiento económico y al derecho de propiedad que existe sobre el ejercicio de mis derechos (10).

Rara vez, una norma económica sirve de sustento para la defensa patrimonial, sea de carácter comunitario o medioambiental. Esto ocurre, paradójicamente, conforme avanza y se sofistica el consumo del turismo cultural, rural o natural (turismo verde (11)). Lo que representa una segunda amenaza, pues sofisticar a menudo implica complejizar, lo que significa pasar de un mero espectador de la realidad a intervenir y tomar parte de ella, con ánimo de señor y dueño.

Esto ha venido ocurriendo con la cada vez mayor industrialización de artículos con “sello ecológico (12)”, y un sinfín de productos que prometen preservar nuestra flora y fauna, y contribuir al sostenimiento o la preservación del medio ambiente (de acuerdo a las necesidades y desarrollo socio-económico del presente). Estas estrategias podrán parecernos, una forma sencilla de proporcionar información a los consumidores en sus decisiones de compra, sin embargo, adolecen de serios problemas de fondo, que más bien pueden contribuir a profundizar las diferencias sociales que, en cuanto a la calidad de vida, es posible observar en países como los nuestros.

En primer lugar, no es imposible establecer criterios objetivos y científicamente correctos para identificar productos “ambientalmente superiores” dentro de una categoría única de selección. Segundo, los sellos ecológicos erigen una barrera a la innovación tanto de las propiedades ambientales como de otras propiedades de los productos. En tercer lugar, los sellos ecológicos enseñan a los consumidores únicamente a buscar símbolos y no les enseñan a hacer decisiones de compra informadas, y este es un punto realmente importante, debido a que si la problemática medio ambiental, se termina reduciendo sistemáticamente a la elección y consumo de ciertos productos y servicios, se termina cosificando el contenido de la discusión, restringiendo el campo de acción del discurso de protección ambiental y ampliando aún más, el campo de oportunidad para productores y empresarios. Con ello, queda claro que el mercado no es la solución a los problemas que enfrenta el medio ambiente, ni menos aún, la cosificación de todo cuanto forma parte de nuestro entorno inmediato.

Lo cierto es que muchas de estas estrategias, lejos de nutrir de contenido a las comunidades, terminan ensuciando el esfuerzo mancomunado de otra gran cantidad de iniciativas que van en una dirección pertinente, esta es, la de crear espacios de reflexión acerca de la importancia de preservar (para futuras generaciones) y mantener una relación armónica con nuestro medio ambiente natural, promoviendo cambios en el estado de conciencia personal, familiar y social, que favorezca la revisión de políticas públicas en dichas materias.

Por último, si nuestro esfuerzo se concentra en potenciar el consumo de ciertos productos y no, en dotar de sentido la relación con nuestra madre tierra, terminaremos agudizando aún más, las abismantes diferencias que enfrenta sociedad, transformando el tema medio ambiental en una herramienta de exclusión, a la que sólo podrán acceder quienes posean los medios necesarios para comprar determinados productos o contratar ciertos servicios.

En un escenario así, la segmentación social amenaza con adquirir sentido, pues la calidad de vida se presenta como un atractivo polo de desarrollo social tras las vitrinas de una tienda comercial, y en cualquier caso, como una cosa susceptible de apropiación pecuniaria. Ello no resuelve ni se hace cargo, de los problemas de fondo que pasan por una distribución adecuada de las riquezas económicas que genera una misma comunidad y facilitando el campo de oportunidades, para que todos puedan acceder, o a lo menos aspirar, libre e igualitariamente, a cierto nivel en su calidad de vida.

La armonía de Adam Smith en disenso

El desarrollo fue uno de los grandes temas latinoamericanos durante los años 50 y 70 del siglo pasado. Las estrategias para alcanzarlo fueron intensamente debatidas, pero hoy se diluyen como el azúcar en un vaso de agua tormentosa. En esta primera etapa, la armonía con la que Adam Smith describe la sociedad burguesa a través del mito del mercado, generó una especie de inversión de los derechos humanos en cuyo nombre se paso por encima de muchos de estos.

Nuestro patrimonio ambiental, está abiertamente expuesto a someterse a la mecánica del mercado (13), en la que los bienes al margen de su trascendencia, no se valorizan sino que se tranzan (14). El mercado no admite sujetarse a ningún criterio que no sea determinado por el propio ordenamiento económico. No obstante, en materia social sus reglas sirven de base para la fijación de precios y salarios, el incremento o la reducción de la tasa de empleo, la cobertura previsional, la calidad de la prestación de determinados servicios, como en el campo de la educación, la salud o la vivienda, y hasta el destino que han de tener ciertas políticas y gasto público (como por ejemplo, en materia de impacto ambiental).

A pesar de esto, prevalece la idea de que el mercado se autorregula, es decir, que en un escenario de libre competencia habrá tantos agentes económicos interrelacionados (oferente/demandante, comprador/vendedor, prestador/usuario o cliente) que ninguno de ellos podrá interferir con certeza sobre el precio, el salario o la calidad de un bien o servicio determinado. Y por tanto, que ni las condiciones sociales ni el contexto histórico del lugar, o las consecuencias que han de tener ciertas medidas gubernamentales o empresariales son directamente relevantes para determinar el funcionamiento del mercado. Más allá de que estos aspectos ameriten revisiones profundas y despierten profundos cuestionamientos.

Sin embargo, es fácil encontrar fisuras en este supuesto. En primer lugar, debido a que la libre competencia es una carrera por alcanzar predominio económico o un papel preponderante sobre determinado mercado. Si bien es cierto que todo mercado es susceptible a la irrupción de nuevos actores (que mantengan cierto balance), hemos podido observar que sobre muchas actividades económicas, lo que actualmente priman son colosales organizaciones empresariales (consorcios o corporaciones) que abarcan casi en su totalidad, el suministro de bienes o la prestación de determinado servicio. Configurando una extensa red de control (monopolio), que supera la aplicación de las reglas de mercado, e incluso, el alcance de las legislaciones locales (véase cuadro 2).

En segundo lugar, porque cuando se piensa en un mercado autorregulado no se descarta la posibilidad de que existan riesgos, pero se asume (espera) que las instituciones financieras serán capaces de manejarlos adecuada y oportunamente. Sin embargo, la crisis del sistema financiero estadounidense, el 2008, pone en tela de juicio este segundo supuesto. El manejo de los riesgos, se basa en la idea de que la profundidad de los mercados permitiría una adecuada y oportuna distribución de cualquier amenaza. No obstante, la estrecha conexión que existe entre los sistemas financieros devela que tal profundidad es sólo aparente y que conviene aceptar la presencia de una estructura abierta y global, que se alimenta de la infraestructura de los mercados locales (su estabilidad depende de la seguridad de estos mercados locales, de acuerdo al lugar que ocupen en la estructura mayor, por cierto).

En tercer lugar, el proceso de globalización sea cual sea su expresión, exige que sus actores desarrollen un fuerte grado de responsabilidad y compromiso social. En este sentido, un mercado no únicamente comprende un escenario económico particular, sino una infinidad de situaciones y circunstancias que siempre generarán repercusiones sobre las condiciones de vida de la sociedad. Es decir, no puede pretenderse que la sociedad se rija por reglas que no miran las necesidades y condiciones sociales de fondo. Los años noventa, en América Latina, nos enseñaron a mirar con desconfianza la economía de mercado, el PIB mundial creció (véase cuadro 5) y sin embargo, la brecha entre ricos y pobres también incremento, lo que abre serias dudas respecto a la distribución de los gananciales y esto no es sino un asunto de justicia y equidad social.

Cuadro 5: PIB Mundial (1980 -2006)

Finalmente, el mal entendido principio de subsidiariedad (15) sobre el que descansa la economía de libre mercado con la venia de algunos sectores políticos, resta presencia estratégica al Estado, especialmente en materia de generación de oportunidades y participación social, reservándolo para hacer frente a momentos de crisis. Cabe preguntarse ¿Sí es una tarea del Estado asumir la carga de sus coasociados? y ¿Qué puede hacer si los fondos que administra son insuficientes (16) ?, ¿Puede aumentar su deuda?, y ¿Qué pasará cuando aquellos que prestan dinero ya no lo hagan o exijan una tasa de interés demasiado alta?, ¿Puede aprobar impuestos?, y ¿Qué ocurrirá cuando los negocios digan que esto cortará su capacidad de creación de empleo?, ¿Puede reducir gastos? y además del terrible dolor que esto inflige a todos, en especial a los más vulnerables, esta acción también reducirá la posibilidad de crecimiento. Una cosa es segura y es que el mercado no se regula a sí mismo, sino respecto de intereses particulares y muchas veces, sombríos.

Reflexión final

En medio de este escenario irrumpe el discurso de protección ambiental, como una aspiración sincera y concreta por consolidar un trato digno, especialmente en materia de resguardo patrimonial, lo que pasa indudablemente por generar instrumentos destinados a equiparar las oportunidades de participación social. Por otro lado, irrumpe como una especie de agotamiento político del discurso económico presente.

En este sentido, ¿Cómo ha respondido nuestra región? En los últimos años, el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y en ocasiones, el consenso gubernamental sobre la importancia estratégica de preservar los recursos naturales del continente nos ha permitido organizar un bloque de alternancia que se vio fuertemente consolidado por dos momentos recientes. Primero, a nivel de organizaciones y movimientos sociales, con la convocatoria del presidente Evo Morales, de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, efectuada el año pasado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Segundo, a nivel de política regional, con la firme oposición de las delegaciones de los países de la región, de levantar y modificar la moratoria sobre la caza de ballenas (con cuota controlada) en el marco de la reunión de la Comisión Internacional sobre Caza de Ballenas, realizada en la ciudad de Agadir, Marruecos.

Como se ha señalado, se aprecia la importancia estratégica que tiene para nuestro continente, preservar sus principales fuentes de recursos naturales. En este sentido, la dinamización de los procesos de integración regional, en estas dos últimas décadas, juega un rol crucial pues no sólo se relaciona con la apertura financiera y el crecimiento del comercio internacional, sino más bien con una tendencia a democratizar desde el campo de la organización social, aquellas demandas vinculadas al manejo y la defensa de los Derechos Humanos, como por ejemplo, la preservación del medio ambiente o la protección del patrimonio cultural.

A medida que nuestros países ingresan a una nueva etapa en sus relaciones bilaterales o multilaterales a nivel continental, la Sociedad Civil comienza a legitimar su interés en participar de aspectos propios de la esfera bioética y biopolítica, acentuando el compromiso y la responsabilidad en la intervención o injerencia de los gobiernos de turno en dichos asuntos. No obstante, el camino que aguarda aún es muy largo.

En síntesis, que las grandes corporaciones controlen la circulación de bienes culturales, se debe en cierta forma a la temprana aceptación de un sistema de selección conceptual, impulsado por la burguesía industrial del siglo XVIII y XIX, que promueve y legitima la apropiación y explotación de recursos escasos, sobre la base de un lenguaje económico cotidiano, en el que controlar dichos recursos representa un negocio próspero, encaminado a alcanzar una maximización de las utilidades por producción de servicios, minimizando al máximo los costos económico en dicho proceso, aunque paradójicamente esto signifique que la sociedad en su conjunto, deba pagar un alto costo por ello.

Un ejemplo claro al respecto, lo constituye el floreciente mercado energético en el país. El creciente interés por construir centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares, así parece demostrarlo.

Lo anterior y la complicidad del aparato estatal, ha permitido monopolizar la acción de los particulares y reducir considerablemente el campo de participación de las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, en estas materias. Cabe recordar por ejemplo, que en el año 2008 la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ratificó en forma íntegra y sin declaraciones interpretativas el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho documento busca reivindicar los derechos de las comunidades o pueblos de origen en “sociedades democráticas como la nuestra”. Estos derechos se relacionan a aspectos tan elementales como el que dice relación con “la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”.

A pesar de que esta ratificación establece la existencia de un procedimiento especial de consulta, en el que las organizaciones de comunidades indígenas tienen derecho a manifestarse contrarias a las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus condiciones de vida. La injerencia de estas comunidades en la aprobación o rechazo de numerosos proyectos con impacto ambiental, ha carecido de toda importancia pues al amparo de la Ley Orgánica Constitucional del Medio Ambiente Nº 19.300, muchos de estos proyectos han sido aprobados a puertas cerradas. Como ha ocurrido con la aprobación de proyectos para la construcción de hidroeléctricas en el sur.

A tal grado llega la complicidad entre órganos del Estado y el sector empresarial, que en contradicción a lo dispuesto por nuestra legislación, países como Dinamarca con la venia de la Unión Europea, han autorizado una cuota de captura anual de ballenas jorobadas –por los siguientes tres años- en Groenlandia, aduciendo fines de subsistencia aborigen, pese a existir evidencia contundente para demostrar que los cazadores aborígenes han preservado esta práctica, con el ánimo de abastecer a empresas procesadoras y comercializar su carne a restaurantes y hoteles.

No obstante, el debate mundial en torno a preservación de nuestro patrimonio ambiental va en espiral ascendente generando nuevos consensos que abren un espacio de participación a todos aquellos grupos que se perfilan como potenciales identidades de proyecto (17), constituyendo de esta forma, una verdadera visión global alternativa de los recursos naturales como sujeto de derechos.

Como he dicho, el camino es largo e incierto, pero mientras exista un sentido de unidad y pertenencia a la organización comunitaria, sabremos hacer frente a esta dura tarea. www.ecoportal.net

Cristhián G. Palma Bobadilla – Abogado. Profesor del Instituto de Artes, Ciencias y Comunicación. IACC de la Universidad UNIACC, Santiago, Chile

Referencias:

(1) Salvo algunas ciudades en las que se ha logrado implementar de manera exitosa, ciertas medidas medioambientales y de eficiencia energética que han disminuido las emisiones de CO2, vapor de agua, metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), clorofluocarbonos artificiales, la contaminación por ozono (O3) –uno de los principales problemas en ciudades como Santiago de Chile-, plomo y otras sustancias y gases implicados en la formación de gases con efecto invernadero (GEI); así como la generación de políticas públicas que han podido cambiar la conducta de las personas en pro de un bienestar colectivo saludable. Al respecto dos ejemplos: la ciudad de Hamburgo en Alemania –que este año recibió el premio European Green Capital 2011- y la ciudad de Copenhague en Dinamarca.

(2) Fiol, Ana (2001). Estado de los Medios. Propiedad y acceso a los medios de comunicación en el mundo. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui Nº 74.

(3) Lo mismo puede señalarse respecto a la atomización de lo propio.

(4) Por ejemplo, al naturalizar la violencia, el abuso, el descontrol, se promueve una conducta temeraria que perjudica el equilibrio axiomático de las relaciones humanas.

(5) Cosa curiosa que este derecho desde una perspectiva jurídica, no depende de la voluntad de los asociados. Pues estas normas se siguen o adoptan por la imposición de una voluntad ajena exterior, la del creador de la norma –lo que se denomina el carácter heterónomo de la norma-.

(6) Las centrales hidroeléctricas (>20MW) son catalogadas como centrales de gran impacto ambiental, por lo que no se consideran como fuente de energía renovable.

(7) Recientemente hemos podido conocer un caso en el que el propio SEREMI desprestigia la norma, y acto seguido aprueba unánimemente un proyecto contaminante.

(8) Al respecto, la OCDE en un informe reciente señala que para fomentar el uso de energía limpia es preciso detener la subvención de los combustibles contaminantes. En Chile una idea así sería imposible si primero no se define una política clara de utilización del suelo y se modifica la matriz energética.

(9) Cabe señalar, que el protocolo de Kioto proporciona algunas formulas que bien pueden incentivar el desarrollo de estas energías en países de nuestra región, pero esto no ha sido suficientemente aprovechado en países como Chile.

(10) Ello, de conformidad al artículo 19 N°21 de la Constitución, que protege “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica (…)”. Y al artículo 583 del Código Civil, que reconoce que “sobre las cosas incorporales (derechos) hay también una especie de propiedad” (dominio).

(11) Por encima de la industria turística hotelera, tradicional

(12) Que se basa en la norma inglesa que fue publicada oficialmente previa a la reunión mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92).

(13) Se dice que el mercado es un escenario (físico o virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda.

(14) Es decir, son susceptible de avaluo pecuniario.

(15) El principio de subsidiariedad tiene sus raíces históricas en la doctrina social de la iglesia, se basa en el máximo respeto al derecho de autodeterminación o a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social y, a su vez, es el fundamento sobre el que se sustenta todo el edificio de esa dinámica de interacción sociopolítica que denominamos democracia participativa. Sin embargo, ciertos sectores del liberalismo han logrado adaptar este principio, y representar por medio de él, los intereses económicos del capitalismo exacerbado.

(16) Por supuesto, hay un sitio muy grande para reducir gastos: lo militar. Los gastos militares proporcionan empleos pero muchos menos que si el dinero se utilizara de otro modo.

(17) Castells, Manuel (2001). La Era de la Información. Vol. II: El poder de la identidad. México, Distrito Federal: Siglo XXI Editores.

Bibliografía:

– Ana Fiol (2001). Estado de los Medios. Propiedad y acceso a los medios de comunicación en el mundo.

– Manuel Castells (2001). La Era de la Información. Vol. II: El poder de la identidad.

– Frank J. Hinkelammert (2001). El Sujeto y la Ley.

– Cesar Ross (2010). Los dilemas de la democracia: modernización económica y desigualdad social en América Latina.

– César Jiménez y Jorge Muñoz (2006). Estructura de los medios de Comunicación en Chile.

Artigo socializado pelo Ecoportal.net e publicado pelo EcoDebate, 23/05/2011

[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]

Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.

O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.

Alexa