Notas de imprensa sobre julgamento internacional das UHE rio Madeira

1) En riesgo pueblos indígenas aislados por represas
Teresa Martínez, Antigua, Guatemala / enviada Vertigo

12 de Septiembre de 2008. La forma de vida de los pueblos indígenas que han vivido absolutamente aislados, lo cual debe ser respetado por completo de acuerdo a la legislación de Brasil, podría ser violentada radicalmente con la construcción de dos represas en el río Madeira, en la selva amazónica, denunció la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que realiza su quinta audiencia pública de juzgamiento en Antigua, Guatemala.

La Unión Federal de Brasil fue denunciada ante esta instancia de carácter ético y no vinculante por violar la Constitución Política, las leyes ambientales, indígenas y el Derecho Internacional Público al conceder la licencia de instalación de la presa hidroeléctrica Santo Antonio sin realizar las consultas públicas a los pueblos indígenas de la región, indicadas por la propia legislación federal.

Luis Carlos Maretto, ingeniero forestal y fundador de Kanindé, explicó al jurado del Tribunal, que el gobierno brasileño omitió realizar las consultas públicas legales correspondientes a los pueblos indígenas sobre la construcción de este embalse, que representará una amenaza para la salud de estas personas.

El ingeniero expresó su preocupación por los indígenas Jacareuba y Katauixi, entre otros, que se verían afectados por el funcionamiento del embalse que generará 3 mil 150 Megawatts y requerirá una inversión de nueve billones de dólares, cifra desproporcionada con el grave perjuicio ambiental y social que conlleva.

Rodrigo Siqueira Ferreira, asesor jurídico de Kanindé, precisó que aún no se conoce el número exacto de etnias indígenas aisladas que podrían ser contactadas debido a que no aún no han sido censadas ni delimitado su territorio, como determina la Política Indígena de Brasil. “Cuando se detectan pueblos aislados, los dejan vivir su vida”.

Un ejemplo del riesgo que este tipo de proyectos representa ocurrió en 1970, cuando las etnias Amondawa, Karipuna, Jupaú y Wari fueron contactadas cuando se construyó la presa hidroeléctrica Samuel, ubicada en el departamento de Rondonia.

En aquella ocasión los indígenas no sólo perdieron su forma de vida, sino que además se contagiaron de enfermedades para ellos desconocidas y mortales, como la gripe.

Rodrigo Siqueira explicó que los embalses Santo Antonio y Jirau, este último en fase previa a la autorización de instalación, forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y deben entrar en operación en 2012. Estos embalses también son parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), catalogado de altísima importancia para el gobierno federal del Brasil.

Aunque se estima que ambas represas llegarán a abastecer 8% de la demanda de energía de Brasil, el beneficio será únicamente para los grandes centros industriales, mientras que afectará a más de 500 familias y unos dos mil 500 pescadores, sin contar las familias indígenas que no han sido censadas.

Este proyecto no sólo es rechazado por la ciudadanía brasileña, sino también por el gobierno boliviano, país que comparte la cuenca del río Madeira, que apeló al principio de información previa, dada la cercanía de los proyectos Jirau y Santo Antonio de la frontera boliviana, a 84 y 190 kilómetros respectivamente, explicó Siqueira Ferreira.

Además pidió al TLA que asegure la participación activa de los pueblos; la suspensión de la licencia de instalación de la hidroeléctrica Santo Antonio; que se defina la situación de la población afectada previamente; así como exhortar al gobierno brasileño a que consulte con el Consejo de Defensa Nacional por la soberanía porque el río es fronterizo y transfronterizo.

Esta es la demanda número ocho que recibe el jurado del TLA, quien realiza su semana de audiencias en la ciudad de Antigua Guatemala. Hoy dará a conocer el veredicto de este caso y de nueve más presentados por personas afectadas en Guatemala, México, El Salvador y Panamá.

2) Construcción de megaembalses sobre río Madeira, en Brasil, careció de consulta ciudadana.

La Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé denunció al gobierno brasileño de violar la Constitución Política, las leyes ambientales, indígenas y el Derecho Internacional Público al conceder la licencia de instalación de la presa hidroeléctrica Santo Antonio sin consultar con los pueblos indígenas de la zona.

Por Metzi Rosales Martel

Antigua Guatemala. 11 de Septiembre. La presa hidroeléctrica Santo Antonio no hace honor a su nombre santo. Según la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé el embalse que se instalará el próximo mes, a 7 kilómetros de la capital brasileña, no solo inundará 271, 3 kilómetros cuadrados, y arrasará con la flora y fauna aledaña sino que también sacará de su aislamiento a los pueblos indígenas, que por política institucional deben de permanecer aislados.

Luis Carlos Maretto, ingeniero forestal, y fundador de Kanindé, explicó al jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que el gobierno brasileño omitió consultar a varios pueblos indígenas sobre la construcción de este embalse, que puede representar una amenaza para la salud de estas personas.

El ingeniero expresó su preocupación por los indígenas Jacareuba y Katauixi, entre otros, que se verían afectados por el funcionamiento del embalse que generará 3,150 MW. Esto sin contar las etnias indígenas que no han sido censadas en esa región, puesto que la Política Indígena de Brasil “cuando detecta pueblos aislados, los dejan vivir su vida”. La peligrosidad para estos grupos la ejemplificó cuando recordó que en 1970, las etnias Amondawa, Karipuna, Jupaú y Wari tuvieron contacto con el hombre blanco cuando se construyó una presa hidroeléctrica. Así, los indígenas se ven propensos a contagiarse de enfermedades desconocidas, como una gripe, que puede llevarlos a la muerte.

Rodrigo Siquiera Ferreira, asesor jurídico de Kandé, explicó que los embalses Santo Antonio y Jirau, que se encuentra en fase previa, es decir a la espera de la autorización de los estudios complementarios, forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), surgida en 2000. Estos embalses son parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), catalogado de altísima importancia para el gobierno federal del Brasil.

Se estima que ambas represas llegarán a abastecer el 8% de la demanda de energía de Brasil. La capacidad de estos dos embalses representa casi la mitad de la energía generada por la represa de Itaipú. Pero que esa energía solo beneficiará a los grandes centros industriales y afectara a unas 500 familias y más de 2,500 pescadores, esto sin contar las familias indígenas que no han sido censadas. Ambas hidroeléctricas deben entrar en operaciones para el 2012.

El gobierno boliviano, país que comparte la cuenca del río Madeira, apeló al principio de información previa, dada la cercanía de los proyectos Jirau y Santo Antônio de la frontera boliviana, a 84 y 190 kilómetros respectivamente, explicó Ferreira.

Kandé acusó al gobierno de violar el principio de participación popular en el proceso de licencia ambiental y por amenazar a la integridad física y territorial de los pueblos indígenas y grupos indígenas aislados. Y pidió al TLA que asegure la participación activa de los pueblos; la suspensión de la licencia de la hidroeléctrica Santo Antonio; que se defina la situación de la población afectada previamente; consultar con el Consejo de Defensa Nacional por la soberanía porque el río es fronterizo y transfronterizo.

Esta es la demanda número ocho que recibe el jurado del TLA, quien realiza su semana audiencias en la ciudad de Antigua Guatemala. Mañana darán a conocer el veredicto de este caso y de nueve más presentados por personas afectadas en Guatemala, México, El Salvador y Panamá.

Informações enviadas por Luis Carlos Maretto, Socio Fundador da Kaninde e Rodrigo Siqueira, Defensor Etno Ambiental

[EcoDebate, 13/09/2008]